Señor Presidente, Señora Ministra, Reciban un atento saludo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Les escribimos para expresar nuestra profunda
El 10 de julio de 2024, Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) realizó un evento de presentación de su Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa (OSCD), que tiene como objetivo fomentar el conocimiento e intercambio ciudadano para el desarrollo de soluciones integrales a los desafíos que atraviesa Ecuador en el ámbito de la seguridad.
El Observatorio de Contratación Pública analizó la gestión de las compras públicas durante el primer año de administración del alcalde Pabel Muñoz en la ciudad de Quito, evidenciándose un incremento del 41% en las contrataciones públicas, comparado con el año inicial de su predecesor, Jorge Yunda. La contratación de servicios ha recibido la mayor parte del presupuesto, con USD 56 millones, destacando contratos para la seguridad y la operación de centros de revisión técnica vehicular. En cuanto a obras se han destinado USD 33 millones, resaltando la participación de proveedores individuales en proyectos de construcción municipal.
El 22 de abril de 2024, con base en la normativa ecuatoriana, presentamos una solicitud de acceso a la información a la Asamblea Nacional con la finalidad de obtener aquella información que la Legislatura, por disposición legal, debe publicar en su página web, pero no lo hace. El 27 de mayo, tras 35 días sin respuesta, interpusimos una acción constitucional de acceso a la información pública. Pocas horas después, empezamos a recibir información parcial e inaccesible.
La Asamblea decidió archivar el proyecto de Ley de Seguridad Digital. Este buscaba regular y mitigar amenazas, riesgos e incidentes cibernéticos, así como proteger las infraestructuras críticas digitales. Esta normativa pretendía hacer frente a las crecientes amenazas digitales, a través de la tipificación y sanción de delitos, y la creación de un sistema de ciberseguridad.
Como parte del Compromiso 11 del Segundo Plan de Acción de Estado Abierto 2022 – 2024, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) lideraron el proceso de cocreación de la Estrategia Nacional de Integridad en la Contratación Pública (ENICOP), con el fin de crear colaborativamente compromisos para promover una contratación pública transparente.
¿Alguna vez te han llamado para ofrecerte un cambio de operadora o un paquete de vacaciones de lujo? A nosotros también. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo y en dónde consiguieron nuestros datos personales? En FCD también nos preocupa la protección de tu información y aquí te contamos por qué.
El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presenta su informe sobre la gestión y transparencia de la Función Legislativa. Este informe ofrece datos consolidados que abarcan el desempeño de la Asamblea Nacional y sus integrantes durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.
El 13 de mayo de 2024, Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción – Quito Honesto, firmaron un convenio marco de cooperación institucional con el objetivo de realizar actividades conjuntas relacionadas a la implementación, seguimiento y evaluación de estándares de gobierno abierto, datos abiertos, transparencia y prevención de la corrupción, así como al fortalecimiento de sus capacidades en estos temas. Estas acciones se ejecutarán de forma conjunta durante los próximos tres años.
El 24 de abril de 2024 Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio marco de cooperación institucional con el objetivo de ejecutar actividades para la prevención del lavado de activos y la financiación de delitos, así como fortalecer las capacidades y procesos internos en cuanto a estándares de gobierno abierto, datos abiertos, transparencia y prevención de la corrupción. Estas acciones se ejecutarán de forma conjunta durante los próximos dos años.
El 30 de abril de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al ex ministro de Energía, Fernando Santos. En el marco de la discusión, el Observatorio Legislativo realizó fact-checking o verificación de datos del discurso de las y los legisladores.
Gracias a denuncias de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, se ha conocido en las últimas horas sobre un hecho que involucraría a altas autoridades del Gobierno Nacional. A pocos días de la posesión presidencial, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, otorgó a la empresa Vinazin – de propiedad de la primera dama Lavinia Valbonesi y administrada por María Beatriz Moreno, presidenta nacional del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) – permisos ambientales para desarrollar un proyecto inmobiliario en el esterillo Oloncito, declarado como área protegida en 2001. El estudio de factibilidad, requisito indispensable para obtener los permisos ambientales, habría sido desarrollado por la consultora Geosísmica S.A., en la que Roberto Luque, actual Ministro de Transporte y Obras Públicas y Ministro de Energía encargado, es accionista. Estos hechos evidencian un presunto conflicto de interés de varios funcionarios públicos.
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