Con el apoyo de Counterpart International, presentamos el informe de veeduría al proceso de adquisición de vacunas para combatir la pandemia del COVID-19, durante el Gobierno de Lenin Moreno Garcés.
FCD suscribió un convenio de cooperación con la Vicepresidencia de la República del Ecuador que tiene como objetivo realizar actividades conjuntas, destinadas a la implementación, seguimiento y evaluación de estándares de Gobierno Abierto, para lograr el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
Hasta 2009 y durante la administración del alcalde Paco Moncayo, el Municipio de Quito contaba con poco más de 7.500 empleados municipales.
Son cerca de 90 millones de dólares los que el Municipio de Quito destina este 2021 para el funcionamiento de las empresas bajo su administración.
El Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Guayas aprobó por unanimidad el Código de Integridad y Ética Pública para el Buen Gobierno en la Prefectura del Guayas.
Autoridades como el defensor del Pueblo y el contralor continuaban en sus cargos y cobrando su sueldo a pesar de la prisión preventiva.
Inicia un proceso de expansión del monitoreo legislativo a los gobiernos locales del país a través de su nueva iniciativa Ojo al Concejo, misma que observa, analiza y difunde el trabajo de los Concejos Municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca.
Cuarto informe sobre viajes y viáticos de la Asamblea Nacional, a partir de un análisis de los archivos de transparencia disponibles.
Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks publicaron el 3er Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción.
María Alejandra Muñoz habría dejado el cargo sin presentar sus reportes ni los documentos que justifiquen los pagos de viáticos en su favor y de su familia, en su viaje al Vaticano.
El objetivo de este documento es analizar los procedimientos de adquisición de obras artísticas, científicas o literarias realizadas por el Municipio de Guayaquil y sus instituciones, desde enero de 2013 a marzo de 2021.
FCD cumple con evaluar las obligaciones de transparencia activa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales.
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