Bitácora Digital N. 2
Seguro te han llamado de operadoras telefónicas, a las que nunca les diste tu nombre y tu número de teléfono, para ofrecer sus servicios. Parece algo común, pero en realidad esto no debería pasar, pues este uso no autorizado de tus datos debería ser investigado y sancionado por una autoridad de protección de datos personales.
Hablar de esta autoridad o institución no es algo novedoso. Países como España, Francia, Reino Unido, México, Colombia, Uruguay, Perú, entre otros, cuentan con estas entidades que, de acuerdo con la realidad local, cumplen con estándares internacionales que han sido desarrollados por la Unión Europea o por la Organización de Estados Americanos. Estas entidades han llegado a imponer sanciones de hasta USD 250.000 a empresas telefónicas por vulnerar los datos personales de sus usuarios.
Ecuador no es ajeno a esta realidad. Desde 2021 el país cuenta con una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), y para que esta norma sea efectiva, se creó una Superintendencia de Protección de Datos. Fabrizio Peralta Díaz fue designado como su máxima autoridad, cuya responsabilidad es vigilar cómo se manejan nuestros datos personales, dar seguimiento a las denuncias e imponer sanciones cuando corresponda.
Esta entidad es responsable de fomentar una cultura de protección en Ecuador, lo que implica educar a la población sobre sus derechos y responsabilidades con relación a sus datos personales y promover buenas prácticas entre las entidades que los gestionan. En definitiva, la Superintendencia debe crear un entorno responsable y seguro para prevenir filtraciones de datos y el uso indebido de nuestra información personal.
Sin embargo, en Ecuador esta Superintendencia ha enfrentado serios problemas para iniciar su labor de manera efectiva debido a la falta de asignación de recursos financieros y técnicos para ejecutar sus actividades. Es necesario que el Gobierno Nacional y las entidades pertinentes actúen de inmediato para garantizar el funcionamiento de esta institución, y así asegurar la protección de los datos personales de la ciudadanía.
