Boletín 067-2020
A inicios de julio, mediante Resolución 072-2020, inició el concurso público para llenar 16 vacantes de jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia.
Tras la fase de postulación, entre el 9 y el 29 de julio (período extendido por la emergencia sanitaria), 100 participantes quedaron en carrera. Durante esta fase, primó la falta de transparencia e información, pues la ciudadanía no tuvo acceso a documentos tan elementales como el cronograma del proceso, los documentos de respaldo del Comité de Expertos o los expedientes de los postulantes. Todo esto quedó recogido en nuestro primer informe de veeduría publicado en el mes de septiembre.
Debido a la opacidad del proceso, la Comisión Nacional Anticorrupción, que realizaba una veeduría, anunció su retiro del concurso. Al mismo tiempo, acciones de acceso a la información impulsadas por el Observatorio de Derechos y Justicia fueron negadas, afectando la transparencia de lo público y vulnerando el derecho al control social
El pasado 13 de octubre se conoció que el Consejo de la Judicatura ajustó y cambió las fechas del cronograma referencial del proceso en 33 días laborables, aduciendo que un mes antes – el 14 de septiembre – se registró un recalentamiento de servidores en el Data Center que almacenaba la información del concurso.
Finalmente, el 6 de noviembre los postulantes recibieron a través de correo electrónico una notificación sobre los resultados de la fase de méritos generada por la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura. Dicho correo informaba además que los pedidos de recalificación se los podría presentar hasta tres días después de la notificación, señalando que la misma era posible hasta la medianoche del mismo 06 de noviembre. La Judicatura reaccionó enviando un correo aclaratorio a todos los postulantes, mencionando que se trataba de información incompleta y ficticia, es decir, un correo de “prueba” e informando que presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue si hubo mala fe en el error de notificación.
Una vez notificados los resultados de la fase de méritos, se hizo pública la primera renuncia, de la Abogada Ivonne Núñez, quien dio a conocer cambios de puntajes en la valoración de experiencia laboral, así como irregularidades en el proceso.
La Fundación para el Debido Proceso expresó públicamente su preocupación ante estas irregularidades, mientras que el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura “a conducir con transparencia e imparcialidad el proceso de selección de integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Una actuación diferente sería incompatible con los estándares internacionales de selección judicial.”
Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y su Observatorio Judicial, manifiesta nuevamente su preocupación por cómo se ha llevado este concurso. La designación de jueces dentro de un Estado de Derecho debe realizarse observando los principios internacionales aplicables, en estricto apego a la normativa vigente y garantizando de manera integral los derechos de acceso a la información y control social. La consideración plena de estos aspectos constituye condición imprescindible para revestir de legalidad y legitimidad a quienes ocupen el cargo de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
