Boletín 029-2024
Gracias a denuncias de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, se ha conocido en las últimas horas sobre un hecho que involucraría a altas autoridades del Gobierno Nacional. A pocos días de la posesión presidencial, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, otorgó a la empresa Vinazin – de propiedad de la primera dama Lavinia Valbonesi y administrada por María Beatriz Moreno, presidenta nacional del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) – permisos ambientales para desarrollar un proyecto inmobiliario en el esterillo Oloncito, declarado como área protegida en 2001. El estudio de factibilidad, requisito indispensable para obtener los permisos ambientales, habría sido desarrollado por la consultora Geosísmica S.A., en la que Roberto Luque, actual Ministro de Transporte y Obras Públicas y Ministro de Energía encargado, es accionista. Estos hechos evidencian un presunto conflicto de interés de varios funcionarios públicos.
Ecuador no cuenta con una normativa que regule y prevenga los conflictos de interés en el sector público. En marzo de 2022 la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley que proponía regular este ámbito. En febrero de 2024 el presidente Daniel Noboa derogó el Decreto que establecía las normas de comportamiento ético gubernamental para funcionarios del Ejecutivo e incluía directrices y restricciones en materia de conflictos de interés.
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional, insta de forma urgente a las autoridades de control y fiscalización a investigar estas denuncias y a tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que ponen en riesgo los derechos de la naturaleza y amenazan el derecho de protesta pacífica de los comuneros de la zona. Asimismo, reiteramos nuestro llamado a la Asamblea Nacional a retomar el proceso de discusión y aprobación de una norma que, conforme a los estándares internacionales, prevenga de forma oportuna los conflictos de interés en el país.
