Boletín 004-2024
En medio del aumento de la inseguridad y una crisis carcelaria, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha generado preocupaciones sobre su gestión. A pesar de planificar un gasto de USD 87 millones para su Plan Anual de Contratación en 2023, solo ejecutó el 40% de esa cifra.
En la distribución de los gastos, se observa una asignación del 66% en servicios alimentarios, seguido por servicios en seguro (9%), construcciones (8%), prendas de vestir (6%), servicios de mantenimiento (2%) y otros (9%).
Un aspecto destacado es que más del 60% del valor de las contrataciones se dirigieron a LAFATTORIA S.A. Según los registros públicos, la empresa ha sido proveedora de servicios alimenticios para el Estado por varios años. Desde el 2020, el SNAI y la LAFATTORIA S.A. han formalizado 13 convenios de pago por un monto de USD 77 millones. Estos convenios no se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La priorización de gastos y los convenios de pago por parte del SNAI refleja una alarmante gestión financiera de sus recursos frente a una crisis de inseguridad que afecta a la ciudadanía. Estas cifras resaltan la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las prácticas de esta institución para garantizar una asignación estratégica de recursos y enfrentar con eficacia los actuales retos en seguridad.
