Boletín 027-2023
La facultad presidencial de disolver la Asamblea Nacional es constitucional y legítima, pero no constituye un aporte a la consolidación de la democracia en Ecuador. Como organización que promueve y defiende el Estado de Derecho, hacemos un firme llamado a las Funciones e instituciones del Estado, partidos políticos y sociedad civil en general a actuar con responsabilidad, apegados al ordenamiento jurídico vigente y con un sentido de país que esté por encima de las pretensiones individuales, para superar la crisis de credibilidad y confianza que atraviesa la institucionalidad pública.
Aspiramos que en esta coyuntura la Función Ejecutiva demuestre su compromiso, no solo con un proceso de transición democrático y ordenado, sino también con la atención inmediata e integral a las legítimas demandas ciudadanas, mismas que no son recientes y que han sido evidenciadas por varios sectores.
El diálogo permanente y las actuaciones íntegras y transparentes son la única vía para la gobernabilidad.
