Boletín 043-2022
Fundación Ciudadanía y Desarrollo manifiesta su rechazo a una posible aprobación del proyecto que reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, y que permitiría que los exmandatarios, pese a ser sentenciados por delitos de corrupción, reciban una pensión vitalicia.
La situación que atraviesa nuestro país demanda que la Asamblea Nacional tramite los más de 60 proyectos de Ley que están listos para votación y viabilice soluciones a los problemas sociales respecto de la seguridad, la salud, la educación, el desempleo y la reactivación económica.
Recordamos a las y los asambleístas que su rol, como representantes y mandatarios, es legislar para los ciudadanos, no en función de sus intereses particulares. Más allá de que esta decisión no beneficiaría a ciertos exmandatarios en función del principio de irretroactividad de la norma, es lamentable, por decir lo menos, que se pretenda usar recursos públicos que nos pertenecen a todos para premiar a corruptos comprobados. El país demanda, de la Asamblea Nacional y otras instituciones, realizar acciones firmes y responsables que promuevan la integridad y eviten la impunidad.
