Boletín 022-2022
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador, expresa su preocupación por los hechos recientes, respecto de las irregularidades en el otorgamiento de un hábeas corpus a favor del exvicepresidente condenado por corrupción, Jorge Glas, y de la constante inestabilidad y pugnas al interior de la Asamblea Nacional. Estas situaciones, entre otras, reducen la confianza ciudadana en las instituciones y debilitan el Estado de Derecho en el país.
La irregular tramitación y resolución del hábeas corpus en favor de Glas, no solo es responsabilidad de quienes lo solicitaron o de quien lo concedió, sino también de quien no lo impidió legal y oportunamente. No se trata de meterle las manos a la justicia, como ha sucedido a lo largo de los últimos 43 años de democracia, sino de hacer uso de todos los recursos judiciales de forma oportuna y así impedir la impunidad. La acción de los funcionarios del SNAI, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno en la audiencia de hábeas corpus, al no objetar en oportuna y debida forma lo actuado, genera dudas al respecto del compromiso del gobierno en el combate a la corrupción.
Los problemas de gobernabilidad son evidentes y frente a eso, como en cualquier democracia, el diálogo y los acuerdos son necesarios. Pero deben ser transparentes, más aún si se pretende poner fin a la casi paralización del trabajo legislativo. Son varias semanas en que los ecuatorianos hemos visto a asambleístas y autoridades enfrascarse en estériles pugnas y discusiones, en lugar de viabilizar la evaluación de las autoridades y la continuidad del trabajo parlamentario.
Estos hechos son muestra de la debilidad institucional que ha aquejado a nuestro país a lo largo del último período democrático y que ha visto momentos críticos en años recientes. Las actuaciones de las autoridades, en general, en lugar de fortalecer la gobernabilidad y la democracia, las debilitan. No queremos más discursos ni declaraciones. Hacemos un llamado a las autoridades a actuar responsablemente para evitar la impunidad, a transparentar los acuerdos políticos y a garantizar el respeto pleno a los principios del Estado de Derecho y a la normativa vigente.
