Boletín 002-2022
El incremento anual, equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para el presupuesto correspondiente a la educación inicial básica y el bachillerato, hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB, es una disposición constitucional que no se ha cumplido, desde su entrada en vigor con la Constitución ecuatoriana de 2008 hasta el 2020.
Un análisis realizado por el equipo del Observatorio de Gasto Público en el período mencionado evidenció que los gobiernos de turno presentaron proformas presupuestarias con asignaciones cada vez mayores para educación, para complacer con el discurso a una demanda ciudadana; pero en el transcurso de cada año se ajustó este presupuesto, se redujo y, en la mayoría de los casos, también se gastó menos.
En cuanto a la ejecución presupuestaria de todos los componentes del Sectorial Educación, únicamente en 2009 y 2013 se gastó más de lo fijado inicialmente, superando el 110%. En contraste, en todos los demás períodos entre 2008 y 2020 (salvo 2009 y 2013 como se señaló), un total de USD 5.010 millones no se invirtieron.
La responsabilidad en los últimos 14 años recae en el Poder Ejecutivo como proponente primario de la Proforma Presupuestaria. Aunque la Asamblea Nacional podría ser considerada como corresponsable, con la Constitución vigente solo puede emitir observaciones a la Proforma, que pueden o no ser consideradas por el Ejecutivo. Lo cierto es que desde 2008 hasta 2020, no se ha puesto en vigencia un Presupuesto General del Estado que realmente considere lo ordenado en la Disposición Transitoria Décimo Octava de la Constitución, y señalado en el primer párrafo.
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