Boletín 076 – 2021
Según el Índice de Percepción de Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, Ecuador ocupa el puesto 92 de 180 países con una puntuación de 39/100, por debajo del promedio mundial y de América Latina. El Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas Puebla, señala que Ecuador es un país con impunidad alta, ubicándose como el décimo quinto país con mayor impunidad por delito denunciado, de los 69 países evaluados.
Durante los últimos años, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el Estado ecuatoriano se ha caracterizado por la debilidad e inestabilidad institucional, la falta de espacios de participación de actores no estatales en la toma de decisiones y un incipiente desarrollo normativo acorde a las obligaciones y estándares internacionales vigentes en la temática anticorrupción. Los retardos injustificados en el desarrollo de concursos públicos, la falta de autoridades titulares definitivas en la Contraloría General, en la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría Pública, el retardo procesal selectivo en casos de corrupción, y la incapacidad estatal para recuperar los recursos perdidos, son también una muestra de ello.
Sin perjuicio de lo expuesto, destacamos la apertura de la Función Ejecutiva para impulsar la co-creación del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, estaremos expectantes a que este proceso se realice de forma transparente y participativa. Asimismo, consideramos positivo el anuncio del presidente Guillermo Lasso de la presentación de una política pública anticorrupción y la creación de una Comisión Interinstitucional Anticorrupción. Sin embargo, esto último no corresponde con su propuesta de campaña de crear una comisión internacional anticorrupción con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y tampoco con su compromiso de involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Las políticas públicas, sus planes y programas, más aun cuando se relacionan con la promoción de la integridad y la transparencia, deben ser producto de un proceso amplio de co-creación, no simplemente de socialización o consulta.
También, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a priorizar la discusión y aprobación de normativa vinculada con la prevención y la lucha contra la corrupción, a realizar con responsabilidad los procesos de control político y a cumplir con la implementación del Parlamento Abierto, modelo de gestión contemplado en la Ley y que aún no se han puesto en práctica.
Así, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, expresamos nuestra preocupación por la situación de corrupción e impunidad en el país. Exhortamos al Estado ecuatoriano y a sus autoridades a tomar medidas contra este mal desde una perspectiva de derechos humanos, a potenciar la participación ciudadana plural e inclusiva, y a garantizar la independencia de Funciones e instituciones.
La lucha contra la corrupción requiere de firmeza y responsabilidad, solo así se puede garantizar plena transparencia e integridad en el ámbito público y privado. Así, demandamos acciones concretas que, en estricto respeto al Estado de Derecho, aseguren el fin a la impunidad y la sanción a los corruptos, la recuperación del dinero arrebatado a los ecuatorianos, y la educación ciudadana que permita fortalecer nuestra sociedad en todos los ámbitos.
