Boletín 060-2021
Al Gobierno de la Revolución Ciudadana se le cuestionó el excesivo crecimiento del aparato estatal desde 2008 y por los gastos que implicaba. En 2017, el Gobierno que le sucedió propuso reducir el gasto en personal y hasta 2020 se logró una reducción del 10.7% pudiendo ser mayor en 2021 en los primeros meses de la Presidencia de Guillermo Lasso.
El gasto en personal es el rubro más considerable entre las obligaciones financieras del Estado. Al terminar 2021 se prevé cumplir con un recorte USD 735,7 millones con relación al año anterior, destinando un total de USD 8.161,3 millones para el pago de remuneraciones.
Para lograr ese recorte, el Gobierno maneja dos alternativas. La optimización de personal es la primera opción, lo que implica despido de funcionarios, la no renovación de sus contrarios y/o reducción de sueldos. Por otro lado está la restructuración institucional que conlleva la eliminación y fusión de entidades públicas.
Desvincular personal o no llenar vacantes reduce el gasto público, pero también genera egresos por el pago de indemnizaciones. De hecho, en la Proforma Presupuestaria 2021 se estimaron USD 1,9 millones para cubrir la cesación de funciones, USD 29,87 millones para la supresión de cargos, USD 731.247 para la compra de renuncias y USD 207.246 para el pago de indemnizaciones laborales. Las cifras son mínimas si consideramos el tamaño de recorte que debe lograrse.
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