Boletín 042-2021
El defensor del Pueblo y, hasta hace poco, el contralor subrogante, continuaban en sus cargos y cobrando su sueldo a pesar de la prisión preventiva.
Hasta hace pocos días, dos autoridades en funciones permanecían en prisión preventiva, cobrando sus sueldos: se trata del titular subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi, y el defensor del Pueblo Freddy Carrión. Ambos mantenían su cargo debido a que no existe una sentencia en firme y tampoco han sido cesados o destituidos. Celi renunció el pasado 5 de julio, pero en ambos casos, el uso de licencias por vacaciones, ausencia temporal o enfermedad son usadas como estrategia para dar aferrarse al cargo mientras resuelven sus asuntos con la justicia.
En el país existe una considerable lista de autoridades y altos funcionarios que, sin dejar sus cargos, enfrentan diferentes investigaciones por denuncias de corrupción. La presunción de inocencia juega en su favor pese a las acusaciones, aunque en la opinión pública tanto su imagen como la de las instituciones se ve afectada y deteriorada.
Un ejemplo de ello es el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien enfrenta un proceso de remoción aprobado por el Concejo Metropolitano e investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, por supuestas irregularidades en la compra de pruebas COVID-19 así como por su relación con empresas que son contratistas públicas. Yunda no está en prisión y todavía se mantiene en funciones. El burgomaestre ha echado mano de cuanto recurso jurídico nacional está disponible, e incluso ha manifestado su deseo de acudir a instancias internacionales para defender su cargo. Mientras este caso se resuelve, la imagen y credibilidad de la Alcaldía de Quito es cuestionada.
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