Boletín 028-2021
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto de Transparencia Internacional en Ecuador, expresa su profunda preocupación por las restricciones impuestas en el buscador de declaraciones juramentadas de funcionarios públicos en la página web de la Contraloría General del Estado.
El 3 de julio de 2020 publicamos un comunicado en el cual exigimos, al entonces Contralor General del Estado Pablo Celi de la Torre, reestablecer la opción de buscar las declaraciones juradas de los funcionarios por sus nombres y apellidos. Esta alerta ciudadana logró que se restablezca esta opción de búsqueda. No obstante, diez meses más tarde, nuevamente se presenta una restricción al acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, ya que el buscador requiere ingresar tanto el número de cédula como los nombres y apellidos del funcionario, cuando anteriormente se podía realizar esto, solo con uno de estos campos de forma optativa.
Este cambio en el buscador, limita el libre acceso ciudadano a las declaraciones. Además, las restricciones adoptadas constituyen una clara violación al artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas que establece que “la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública”. Esta acción unilateral representa un grave retroceso en materia de acceso a la información pública, transparencia y control social.
En este marco, exigimos a la Contralora General del Estado subrogante, Valentina Zárate Montalvo, eliminar el requisito de ingresar ambos campos de información para buscar las declaraciones juradas de los funcionarios, con el fin de no menoscabar la transparencia, la participación ciudadana, el control social y el acceso a la información pública. Recordamos además que de acuerdo con la Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de quienes desempeñan funciones públicas, aprobada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos en 2013, se consagra el mandato de que la autoridad competente “deberá permitir el acceso irrestricto, a toda persona” de la información contenida en las declaraciones.
