Artículo desarrollado por: CANLA y AIDA
El derecho fundamental a un medio ambiente sano sólo será posible en la medida en que se garanticen derechos procedimentales como son el acceso a la información, la participación y la justicia, pilares del gobierno abierto, la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Hoy, con el paso dado por México, América Latina y el Caribe se encuentra un paso más cerca de materializar la garantía de estos derechos con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú a dos años de su adopción.
El pasado 5 de noviembre de 2020 el Senado mexicano aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que da vía a la ratificación de este tratado, convirtiéndose en el país número once y cumpliéndose con ello el número mínimo de países ratificantes para su entrada en vigor. Para América Latina y el Caribe es un hito histórico, pues este es el primer tratado regional en asuntos ambientales que además incluye disposiciones sobre la urgencia de proteger a las y los defensores ambientales. Además, es un acuerdo que incluye herramientas para catalizar una acción climática con un enfoque de derechos, inclusiva y ambiciosa en la región.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo principal avanzar hacia la plena implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos y decisiones ambientales, poniendo su foco en la perspectiva de género y las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Estos derechos son también aplicables a la toma de decisiones vinculadas a acciones o políticas en materia de cambio climático, sirviendo como un marco de garantías fundamental para la adecuada implementación de las obligaciones del Acuerdo de París y para el desarrollo de políticas climáticas.
El Acuerdo de París, por su parte, compromete a los Estados a promover y contar con marcos de transparencia y participación pública adecuados para implementar sus compromisos climáticos. El año 2020 se caracteriza por la obligación de los países de presentar unas nuevas o actualizadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), cuyos procesos de implementación se verán sin duda beneficiados con la entrada en vigencia de Escazú. Asegurar el respeto de los derechos humanos y la efectiva implementación de los derechos de acceso, como un marco de garantías básico para la toma de decisiones debe ser parte fundamental de la acción climática.
Las organizaciones que formamos parte de CANLA y Escazú Ahora Ecuador felicitamos a aquellos países que ya son parte de este importante Acuerdo e instamos al resto a que se unan para continuar avanzando de manera colectiva en la implementación efectiva de los derechos de acceso y una acción climática inclusiva y centrada en los derechos humanos.
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