Boletín 063-2020
El pasado 5 de octubre de 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 116 votos las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa con el objetivo de reducir los vacíos legales de la norma vigente en procesos de fiscalización y procedimiento parlamentario. Se busca, además, fijar mecanismos de evaluación normativa, transparencia, responsabilidad y ética de los asambleístas en el marco del parlamento abierto como modelo de gestión institucional.
La presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente de la norma, Ximena Peña (Alianza PAIS), destacó que la mesa legislativa procesó un total de 760 observaciones, de las cuales el 85% se incorporaron en el documento. Mencionó que con la reforma la Asamblea pasaría a tener 15 comisiones especializadas permanentes – se establece la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, y se crean la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, dividiendo a la Comisión actual. Además, se unificarían la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales (creada en la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas) con la Comisión de Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Peña, también señaló que la norma incluye la creación de un Comité de Ética, integrado por cinco miembros permanentes, que conocerá y sustanciará denuncias sancionadas con destitución, para lo cual se requerirá una mayoría calificada (91 votos).
En esta línea, Fernando Flores (CREO), aseguró que es un acierto establecer el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno para destituir a un legislador, sin embargo, dijo que el posible aumento de causales para la destituciones, no es concordante con lo establecido en la Constitución. Por otro lado, Mae Montaño (Independiente) expresó que con este tipo de votación se está blindando al legislador que ha incurrido en faltas a su deber.
En cuanto a procedimiento parlamentario, Héctor Muñoz (Independiente), expresó la necesidad de llenar la ausencia de normativa para tramitar la reforma parcial a la Constitución, lo cual, fue acogido estableciendo una mayoría absoluta (70 votos) para el trámite de reformas parciales. En materia de fiscalización, se establece que los juicios políticos pasarán a resolución final del Pleno, más allá de la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Finalmente, se institucionaliza el modelo de gestión de parlamento abierto como mecanismo para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía, transparentando información como las asistencias y ausencias de los legisladores, generando mecanismos de control ético e incluyendo el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley (SISEL) para fortalecer la eficacia y participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las leyes.
La norma aprobada por la Asamblea Nacional se encuentra en manos del Ejecutivo esperando su sanción o veto. Un primer paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa ya fue vetado totalmente por Lenin Moreno en junio de 2017.
El Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo, ha promovido por 10 años políticas de transparencia y parlamento abierto, por lo cual mira positivamente las reformas aprobadas por unanimidad. Solo la participación activa nos permitirá construir un país más responsable y democrático.
