Boletín 004-2020
La Subcomisión de Desarrollo Económico, integrada por los Asambleístas Fernando Callejas (CREO), Rubén Bustamante (Alianza PAIS-ARE) y presidida por el Asambleísta Fernando Burbano (Juntos Podemos), con la asistencia del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el apoyo financiero de la Fundación Hanns Seidel; elaboraron la metodología de evaluación de las leyes que fue aplicada, en un primer estudio de caso, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
Dentro de este proceso de evaluación (Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Ley SISEL) se incorpora, entre otros aspectos, la percepción ciudadana para evaluar el impacto de las leyes en la sociedad. Esta metodología podría ser replicada por todas las Comisiones Legislativas de la Asamblea para así evaluar otras leyes y conocer si realmente se están creando normativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Este estudio de caso fue presentado en la sesión No. 651 del Pleno de la Asamblea Nacional, en este mismo espacio los legisladores resolvieron por una unanimidad, con 101 votos afirmativos, la creación de la Unidad de Gestión, Seguimiento y Evaluación de la Ley, adscrita a la Unidad de Técnica Legislativa de la institución.
Felicitamos a la Asamblea Nacional por implementar esta buena práctica legislativa que apunta a lograr un Parlamento Abierto en Ecuador, sin embargo exhortamos a la institución a dar mayor fortaleza y sostenibilidad a este proceso, incorporándolo en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, buscando una evaluación ex-ante y ex-post de las normas.
Si desea leer conocer más sobre SISEL y su primer estudio de caso puede acceder al siguiente link: http://bit.ly/SISEL_LFP y si desea descargarlo ingrese aquí: http://bit.ly/SISEL-LFP_pdf. También, la información estadística se encuentra en formatos abiertos para facilitar su uso y réplica.
Observatorio Legislativo pone a su disposición información sobre el trabajo de la Asamblea Nacional para su discusión y análisis. Es nuestro derecho, como ciudadanos y ciudadanas, participar en los asuntos de interés público. Sólo la participación activa nos permitirá construir un país más responsable y democrático.